El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela anunció este lunes la aprobación de 116 nuevas excarcelaciones en las últimas horas, según el…
El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela anunció este lunes la aprobación de 116 nuevas excarcelaciones en las últimas horas, según el comunicado oficial difundido por la cartera estatal. El despacho afirmó que estas medidas se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, dentro de un proceso de revisión de casos que el gobierno define como parte de una política de “justicia, diálogo y paz” impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
No obstante, estas cifras han generado dudas fuera del ámbito oficial, ya que las organizaciones de derechos humanos que monitorean las liberaciones han reportado un número menor de casos confirmados en terreno. La ONG Foro Penal informó que, durante la madrugada de este lunes, sólo se confirmaron 24 excarcelaciones concretadas, y elevó el total verificado a 41 personas desde el inicio del proceso el pasado 8 de enero.
La diferencia entre los datos oficiales y los verificados ha sido objeto de reclamos por parte de distintos sectores sociales y de derechos humanos, que exigen mayor transparencia y publicación de los nombres de las personas liberadas.
Datos de la jornada y contexto político
El comunicado del Ministerio indicó que las personas excarceladas estaban vinculadas a “hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”, y que la revisión de las causas se prolongará como un procedimiento permanente.
Foro Penal detalló que “esta madrugada salieron 9 mujeres de la cárcel La Crisálida y 15 hombres de Rodeo I”, lo que refleja algunos de los movimientos verificados en los centros penitenciarios.
Entre los casos que han trascendido está el de dos ciudadanos italianos, que también fueron excarcelados y se encuentran bajo protección de su respectiva embajada.
A pesar de estos avances, las ONG han reiterado que aún permanecen encarceladas cientos de personas por motivos políticos en diferentes recintos del país, y que el proceso debería acelerarse para responder a las demandas de familiares y organizaciones de derechos humanos que siguen el caso de los presos políticos con atención.
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