ONG Acceso a la Justicia pide publicar criterios sobre la elección de Fiscal General y Defensor del Pueblo

En el marco del proceso de renovación del Poder Ciudadano que adelanta la Asamblea Nacional (AN), la organización Acceso a la Justicia hizo un llamado para que se difundan los criterios de evaluación, o baremos, destinados a la selección del próximo Fiscal General y el Defensor del Pueblo.

La ONG enfatizó que el uso de estas herramientas es vital para garantizar que las designaciones se fundamenten en elementos objetivos —como la trayectoria académica y la experiencia profesional— y no en afinidades partidistas. Según la organización, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece la obligatoriedad de estos mecanismos:

“Las organizaciones de la sociedad civil simplemente solicitamos que se cumpla con este mandato legal”, puntualizó la organización a través de sus canales oficiales, subrayando que la publicidad de estos datos es la única vía para asegurar un proceso transparente.

Candidatos bajo el escrutinio público

Mientras el Comité de Postulaciones, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello, avanza en la fase de entrevistas —con cerca de 100 aspirantes ya evaluados—, los nombres de los postulados han comenzado a generar debate.

Entre los 73 aspirantes a la Fiscalía General, destacan figuras de alto contraste político y académico:

• Larry Devoe: Actual fiscal encargado y cercano a la gestión de Delcy Rodríguez.

• Magaly Vásquez: Secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y respetada académica en Ciencias Políticas.

Por su parte, la lista de 61 candidatos a la Defensoría del Pueblo incluye al actual ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Su postulación ha revivido críticas por declaraciones pasadas sobre casos de violación de derechos humanos, como el de Juan Pablo Pernalete en 2017.

Un proceso marcado por la renuncia y la desconfianza

Este ciclo de designaciones se originó tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz el pasado 25 de febrero, en un contexto influenciado por la aplicación de la Ley de Amnistía.

No obstante, el proceso no está exento de tensiones políticas. La coalición Plataforma Unitaria Democrática ha manifestado su preocupación ante lo que consideran una "negociación opaca" entre el oficialismo y sus aliados, advirtiendo que el objetivo final podría ser la ratificación de funcionarios que respondan a intereses del Ejecutivo en lugar de velar por los derechos de la ciudadanía.