Representantes de organizaciones no gubernamentales sostuvieron un encuentro con el fiscal general de la República, Larry Davoe.
Representantes de organizaciones no gubernamentales sostuvieron un encuentro con el fiscal general de la República, Larry Davoe, en la sede del Ministerio Público, donde expusieron diversas preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y la situación de los derechos humanos en Venezuela.
De acuerdo con lo informado por el titular del Ministerio Público a través de su cuenta en la red social X, durante la reunión se acordó “establecer canales de comunicación directa” con las ONG, con el objetivo de canalizar denuncias y propuestas. Asimismo, invitó a estas organizaciones a participar en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal.
Señalamientos sobre detenciones e irregularidades procesales
Durante el encuentro, voceros de organizaciones como Provea, Civilis, Surgentes DDHH y Cecodap presentaron un conjunto de planteamientos relacionados con presuntas fallas estructurales en el sistema judicial.
El abogado Carlos Trapani, en representación de Cecodap, indicó que la organización accedió a participar en un “diálogo respetuoso y directo” con el Ministerio Público, destacando la necesidad de priorizar la protección de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Entre los principales señalamientos expuestos, mencionó detenciones sin orden judicial ni información oportuna, incomunicación de personas privadas de libertad, restricciones al derecho a la defensa y el uso recurrente de la privación de libertad sin considerar medidas alternativas.
Trapani también advirtió sobre retrasos procesales reiterados, la criminalización basada en vínculos sin individualización de conductas y la falta de un enfoque de protección en casos que involucran a adolescentes. A esto sumó el impacto educativo y psicosocial que generan estas situaciones, así como la falta de coordinación entre instituciones del sistema de justicia.
Propuestas para fortalecer el debido proceso
Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, reafirmó durante la reunión la importancia del debido proceso como eje fundamental para garantizar los derechos humanos.
Murillo señaló que es necesario corregir fallas que, a su juicio, facilitan la impunidad y la denegación de justicia. Entre las propuestas presentadas, destacó la garantía en la recepción de solicitudes de habeas corpus, el acceso a abogados de confianza y la eliminación de prácticas consideradas arbitrarias en los procesos de detención.
El representante de Provea insistió en que el respeto a la Constitución debe ser la base del funcionamiento del sistema judicial, como condición para fortalecer la institucionalidad y proteger a la ciudadanía.
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