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Transparencia Venezuela pide reformar el Ministerio Público antes de designar nuevo fiscal general
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Transparencia Venezuela pide reformar el Ministerio Público antes de designar nuevo fiscal general

La organización no gubernamental Transparencia Venezuela planteó la necesidad de realizar una reforma estructural del Ministerio Público antes de avanzar en…

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La organización no gubernamental Transparencia Venezuela planteó la necesidad de realizar una reforma estructural del Ministerio Público antes de avanzar en la designación de un nuevo fiscal general, al considerar que el problema va más allá de un simple relevo de liderazgo.

En un pronunciamiento reciente, la ONG describió al organismo como una institución que “criminaliza, persigue, viola derechos, y que opera, en muchos casos, como garante de la impunidad y cómplice de la gran corrupción transnacional”, cuestionando su papel dentro del sistema de justicia venezolano.

Asimismo, sostuvo que, en lugar de actuar como defensor de la legalidad, la Fiscalía ha funcionado en ocasiones como un instrumento subordinado a estructuras de poder que condicionan su actuación.

Una crisis que trasciende nombres y exige cambios profundos


De acuerdo con la organización, los problemas que enfrenta el Ministerio Público no dependen exclusivamente de quién ocupe la titularidad del cargo, sino de un entramado institucional más amplio que incluye leyes, procedimientos y prácticas que, a su juicio, carecen de independencia real.

En medio del proceso para elegir nuevas autoridades del Poder Ciudadano —tras recientes cambios en la Fiscalía— distintas ONG han insistido en la necesidad de garantizar transparencia y fortalecer la institucionalidad.

Transparencia Venezuela subrayó que, aunque varios de los aspirantes cuentan con trayectoria profesional, enfrentar la crisis actual requiere abordar factores estructurales como la captura institucional, la existencia de redes de corrupción y la pérdida de confianza ciudadana.

Entre los principales desafíos identificados por la organización se encuentran la falta de autonomía frente al poder político, la provisionalidad de los funcionarios, la concentración de poder en la figura del fiscal general, el uso político del sistema penal, la impunidad estructural y la opacidad en los procesos internos.

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