La organización Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que la implementación de la ley de amnistía aprobada en febrero en Venezuela presenta inconsistencias…
La organización Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que la implementación de la ley de amnistía aprobada en febrero en Venezuela presenta inconsistencias que están dejando a numerosos detenidos en condiciones de mayor vulnerabilidad.
El pronunciamiento surge tras la negativa del beneficio al periodista Rory Branker, un caso que, según la ONG, refleja problemas más profundos dentro del sistema judicial venezolano.
A través de sus redes sociales, la organización afirmó que “la aplicación selectiva de la ley de amnistía no ha traído libertad para todos, sino un profundo daño emocional y una vulnerabilidad agudizada para quienes han sido excluidos arbitrariamente”.
Denuncian patrón de exclusiones y revictimización
Desde la perspectiva de la ONG, lo ocurrido con Branker no constituye un hecho aislado, sino una muestra del funcionamiento actual del aparato judicial en el país.
En ese sentido, sostuvieron que la decisión representa una “prueba fehaciente” de que la persecución judicial ha evolucionado hacia una dinámica que perpetúa el daño sobre las víctimas, manteniendo abiertos procesos penales incluso tras medidas de excarcelación.
Asimismo, enfatizaron el impacto colectivo de estas decisiones, al señalar que “su voz representa a miles de personas que, a pesar de la puesta en marcha de una ley de amnistía, siguen atrapadas en un sistema que las mantiene como rehenes de una justicia discrecional”.
Frente a este panorama, Justicia, Encuentro y Perdón planteó la necesidad de adoptar acciones más contundentes que permitan garantizar la libertad plena de los afectados.
Entre las propuestas destaca la aplicación de un indulto procesal como mecanismo inmediato para “detener la arbitrariedad y devolver la libertad plena y, con ella la vida, a todas las víctimas”.
La organización reiteró que el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley son condiciones esenciales para avanzar hacia un proceso de reconciliación real, en un contexto donde persisten cuestionamientos sobre la aplicación de la normativa vigente.
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