Transparencia Venezuela alerta sobre irregularidades en postulaciones del Fiscal General y Defensor del Pueblo

La organización Transparencia Venezuela alertó sobre presuntas irregularidades en el proceso de postulaciones para los cargos de fiscal general de la República y defensor del pueblo, al identificar candidatos que, a su juicio, no cumplen con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

Tras analizar las listas divulgadas por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la ONG advirtió que existen aspirantes que no reúnen las condiciones de independencia política requeridas para ejercer estos cargos, considerados clave dentro del sistema de justicia venezolano.

Entre los nombres señalados figura Joel Darío Altuve Patiño, postulado a fiscal general, así como varios candidatos a la Defensoría del Pueblo, entre ellos José Luis Alcalá Rhode, Julio Lattan, Enrique Ochoa Antich y Emilio Graterón, quienes, según la organización, mantienen vínculos o trayectorias asociadas a partidos políticos.

La ONG recordó que la legislación venezolana establece criterios claros para estos nombramientos. En el caso de la Defensoría del Pueblo, la ley exige que quien ocupe el cargo esté libre de “todo cargo o actividad de carácter político-partidista”, una condición que, según la revisión realizada, no se estaría cumpliendo en todos los casos.

Asimismo, Transparencia Venezuela insistió en que la independencia institucional es un elemento fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del Ministerio Público y la Defensoría, especialmente en un contexto donde diversas organizaciones han advertido sobre la necesidad de fortalecer la transparencia en estos procesos.

La organización subrayó la importancia de que el proceso de selección se ajuste plenamente a la Constitución y a las leyes, con el fin de asegurar que los futuros titulares de estos organismos actúen con autonomía frente a intereses políticos.

En ese sentido, reiteró la necesidad de evaluar rigurosamente los perfiles de los aspirantes, a fin de evitar designaciones que puedan comprometer la credibilidad y legitimidad de las instituciones encargadas de velar por la legalidad y los derechos ciudadanos.